domingo, 3 de noviembre de 2013
17 de octubre de 2013
Debate informado. "Reforma educativa: ¿qué estamos transformando?"
Debate informado. "Reforma educativa: ¿qué estamos transformando?". Mesa 4: Evaluación y política educativa. Intervención de Pedro Flores Crespo*.
10 de octubre de 2013
¿Puede la evaluación mejorar la política educativa? (segunda parte)
Por Pedro Flores Crespo*
Uno de los argumentos contra los cambios propuestos por el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia educativa fue el relacionado con las posibles consecuencias de la evaluación sobre los pobres. Parece haber un temor latente de que las pruebas estandarizadas no le hacen justicia al desfavorecido. El hecho de detectar que los pobres logran puntajes más bajos que el resto de la población en un examen que se aplica a todos por igual, ¿es motivo suficiente para pedir la cancelación de estas técnicas de medición? Si entramos en el terreno político, el argumento pobrista es útil, pero si deseamos pensar con mayor profundidad qué hacer para poder cerrar las brechas entre ricos y pobres, no hay razón para prescindir de esas bases de información.
¿Ganan algo los más pobres al no ser evaluados o que sus resultados no sean comparados con los de otros grupos sociales? ¿Por ser pobre me vuelvo inmume de cualquier ejercicio evaluativo y comparativo? ¿Quién otorga tal condición? ¿El líder sindical, el académico, el rector o la filosofía política contemporánea?
En su libro sobre la Idea de la Justicia, Amartya Sen (2009) escribió un capítulo sobre “imparcialidad y objetividad” en donde se pregunta lo siguiente: “¿Puede haber una buena comprensión de la ética en general y de la justicia en particular que centre su atención en algunas personas y no en otras con la idea de que algunas de éstas son relevantes y otras no?” Sen es claro al responder: la filosofía política y moral contemporánea niega esa posibilidad al exigir que se vea a todo individuo como “política y moralmente relevante”.
Es decir, sacar de un esquema de evaluación al desposeído podría minar el carácter de imparcialidad cuyo lugar en la ética y en la teoría de la justicia es, según el Nobel, central. Si al evaluar, no se capturan las condiciones de los más desprotegidos ni se comparan sus resultados con los de otros grupos, estaremos entonces en riesgo de dejar fuera información relevante para poder discutir cómo mejorar políticas y programas orientadas a cerrar las brechas entre pobres y ricos. Sabemos que las comparaciones son odiosas a nivel personal, pero en el terreno de la filosofía política, son necesarias.
Abatir la pobreza implica, entre muchas otras cosas, un ejercicio de evaluación estandarizada que puede no ser negativo per se. El mal uso de los resultados de ésta es otra cosa y gracias a la voz de algunos especialistas y de las recientes movilizaciones magisteriales, hemos sido bien advertidos de no sobre dimensionar el recurso de la evaluación en el desarrollo de las políticas orientadas a mejorar la calidad de educación de un país tan desigual como México. Por ello, en la primera entrega de esta serie de artículos, expresé la necesidad de ampliar la base de información para discutir qué programas y políticas suprimir, cuáles mejorar y cuáles mantener.
En resumen, la diferencia entre el valor de ser sujeto de evaluación y los usos (y abusos) de los resultados de estos ejercicios no es menor y si se advirte claramente, habrá posibilidades de: (1) mejorar sustancialmente las técnicas de medición del logro escolar o docente; (2) centrar la crítica pública en las condiciones que no hemos podido — como sociedad y gobierno — asegurar para que los más pobres puedan aprender al parejo de otros grupos y (3) promover debates académico—filosóficos sobre la relación entre evaluación y desigualdad y así no estar a merced de discursos demagógicos o de presiones de políticos profesionales.
4 de enero de 2012
Los grandes problemas de la educación básica en México
Por Sylvia Schmelkes del Valle*
La educación ha perdido prioridad en la política pública nacional. En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, no aparece como prioridad, sino como tercer asunto en el acápite de Igualdad de Oportunidades. Durante el sexenio en curso, la atención que se le ha dado a los grandes problemas educativos, que son los de equidad y calidad, ha sido insuficiente y en muchos casos equívoca.
Los problemas de equidad se reflejan en hechos como los siguientes:
México sigue teniendo a una tercera parte de su población, casi la mitad de la misma mayor de 15 años, en situación de rezago educativo, es decir, sin haber concluido la educación básica. La educación secundaria sigue reportando niveles inaceptables de deserción (sólo dos terceras partes de los alumnos que ingresan en un año determinado la terminan en tres años), a pesar de que el nivel es obligatorio desde 1993. Las acciones tendientes a atender educativamente a la población adulta que tuvo la oportunidad de cursar su educación básica, para mejorar su calidad de vida, reciben progresivamente menores recursos de parte del gobierno federal. Sin embargo, el derecho humano a la educación es de todas las personas, por lo que sería de justicia elemental fortalecer esta actividad.
Las desigualdades socioeconómicas siguen explicando la mayor parte de las desigualdades en el acceso, la permanencia y, lo que es más alarmante, en el aprendizaje. Hay estudios recientes (Backhoff, 2011) que muestran que para que un niño pobre logre niveles de aprendizaje satisfactorios, es necesario que asista a una escuela a la que van niños no pobres. Esto en parte se debe a que los recursos de todo tipo (de infraestructura, materiales, didáctico, humanos) se siguen distribuyendo en forma opuesta a como debieran: se da más a los que de antemano se encuentran en una posición de ventaja socioeconómica, y menos a los que menos tienen. Esto tendría que cambiar radicalmente.
El curriculum sigue siendo uno mismo para todo el país, siendo que la diversidad cultural del mismo es enorme. Esto significa que la educación no resulta significativa para una proporción incluso mayoritaria de niños que no comparten las condiciones del alumno imaginario de clase media urbana a quien se dirige dicho curriculum. El resultado es el escaso aprendizaje y en muchas ocasiones el abandono de la escuela, precisamente de los sectores culturalmente más lejanos de la cultura de la escuela. El curriculum tendría que dejar de ser extrarregulado y prescriptivo, para dar lugar a un curriculum finalista, donde los resultados esperados de cada grado y nivel educativo queden claros, pero en el que se le deje en libertad a docentes y directivos para adaptar los procesos a las condiciones del contexto.
Los problemas de calidad, por su parte, se manifiestan parcialmente en los bajos resultados de aprendizaje que obtienen los alumnos en los ejercicios nacionales e internacionales de evaluación de los aprendizajes. En ellos resulta que una parte importante de nuestros alumnos (40% en la escala de lectura en 2009 de la prueba PISA) no obtiene las competencias consideradas necesarias para sobrevivir en la sociedad actual de acuerdo con parámetros internacionales (prueba PISA). Incluso evaluados con nuestro curriculum (prueba ENLACE), un porcentaje mayoritario (60% en español y primaria y 83% en español en secundaria) se encuentra por debajo del nivel básico. En gran parte estos problemas de deficiencias en la calidad de los aprendizajes se derivan del predominio en las aulas de un modelo pedagógico de corte transmisionista que se centra en el maestro, se dirige al grupo completo y privilegia la memoria sobre la comprensión y la crítica. Este modelo privilegia los conocimientos por encima de las habilidades y los valores. Los maestros tienden a reproducir la manera como ellos fueron formados, y desgraciadamente, siguen formándose de la misma manera. Habría que ir transformando este modelo transmisionista en un verdadero constructivista que convierte a los alumnos, individual y colectivamente, en agentes activos de su propio aprendizaje. En lugar de privilegiar, en este curriculum finalista, los conocimientos, habría que darle mucha mayor importancia a las habilidades básicas (escuchar con atención, hablar con precisión, leer con comprensión, escribir con eficacia comunicativa) y a las superiores de pensamiento (analizar, sintetizar, deducir, inducir, inferir, discernir), entre las cuales una de las más importantes es aprender a aprender y aprender a querer aprender. También habría que darle una importancia mucho mayor a la que actualmente se da en las escuelas y en las aulas a la formación para la convivencia y la ciudadanía democrática, es decir, a la formación en valores.
En el fondo tenemos un problema grave de formación inicial de los docentes, y deficiencias importantes en el desarrollo de los procesos de actualización y desarrollo profesional. El docente es el principal factor capaz de mejorar la calidad educativa (la calidad educativa no puede ser mayor que la calidad de los docentes, según dice el informe McKinzie[1]), por lo que parece indispensable priorizar una política docente congruente desde la selección de los aspirantes a formarse para ser docentes, pasando por su formación inicial, su selección para el servicio, su actualización permanente y su carrera docente, tal y como lo sugiere la OCDE en sus recomendaciones para México[2]. Estos docentes tendrán que poder trabajar en escuelas que cuenten con un liderazgo académico de su director, que gocen de cierto grado de autonomía para tomar decisiones, y que asuman la responsabilidad del mejoramiento continuo de su planta docente y de la calidad de la educación que imparten. Para ello, es muy conveniente que el sistema educativo considere la importancia de estructurar un sistema de apoyo de naturaleza pedagógica y vigilante de la equidad centrado en la escuela y cercano a ella, para lo cual parecería necesario profundizar en la descentralización educativa, que quedó trunca, para hacerla realidad en unidades más pequeñas y viables, con personal capacitado para atender las búsquedas de cada escuela singular para mejorar el aprendizaje de sus alumnos con equidad y pertinencia.
Hay muchas otras cosas que habría que hacer para volver a hacer de la educación una prioridad nacional y contar con las bases para realmente ir mejorando la calidad y la equidad de la base de nuestra pirámide educativa. Pero basten éstas para iniciar una reflexión sobre medidas necesarias y posibles. Es importante que la sociedad informada tenga la capacidad de proponer y vigilar la puesta en marcha de reformas de esta naturaleza. La sociedad también tiene que convertir a la educación de nuestro país, y a su mejoramiento con equidad, en una prioridad.
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